
México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió en conferencia de prensa a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con la empresa Ingemar —de la que es socio el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel— por la presunta importación irregular de hidrocarburos desde Estados Unidos.
El pronunciamiento se da tras la puesta a disposición de las autoridades del exmandatario estatal en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", para dar seguimiento a los procesos penales por la probable comisión de delitos vinculados a la delincuencia organizada y contrabando.
Las inconsistencias aduanales señaladas, la reconstrucción del caso y el marco normativo expuesto se desglosan a continuación:
Mecanismos de fiscalización e investigación: La mandataria expuso que la FGR, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), documentó esquemas de discrepancia en los volúmenes de combustible reportados en aduanas, así como la clasificación inexacta de mercancías para la omisión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Origen de las indagatorias: De acuerdo con la información expuesta por el Ejecutivo, la carpeta de investigación inició tras el aseguramiento de unidades de transporte de carga (ferrotanques) abandonadas en el estado de Coahuila con producto petrolífero, hecho a partir del cual se identificó la razón social importadora y la cadena de comercialización en el mercado nacional.
Antecedentes regulatorios y concesiones: Sheinbaum recordó que los permisos de importación a privados surgieron tras la reforma energética de 2013. Respecto a la empresa involucrada, la autorización para operar había sido revocada previamente por las autoridades administrativas del sector energético y restablecida de manera posterior mediante resoluciones del Poder Judicial.



