
Gaza / La Haya.— La guerra en Gaza ha sumido a Israel en un ciclo legal de denuncias sin precedentes. El Gobierno israelí, que califica la situación de “ataque existencial”, enfrenta una presión jurídica internacional simultánea en dos tribunales distintos de La Haya: el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) y el Tribunal Penal Internacional (TPI), bajo acusaciones que van desde crímenes de guerra hasta el presunto delito de genocidio.
El frente legal se divide en dos vías con naturalezas jurídicas totalmente diferentes:
El TIJ (Litigios entre Estados): Evalúa la demanda presentada por Sudáfrica por la presunta violación de la Convención contra el Genocidio de 1948. A este proceso se han sumado cerca de una veintena de países.
El TPI (Responsabilidad individual): Persigue penalmente a individuos. Ya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra líderes de Hamás (hoy fallecidos), por crímenes de guerra y contra la humanidad. Recientemente trascendió que la Fiscalía podría estar evaluando órdenes secretas contra ministros ultranacionalistas como Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.
Aunque las decisiones del TIJ son vinculantes, el tribunal carece de una fuerza policial propia para ejecutarlas, dependiendo enteramente de la voluntad política de la comunidad internacional.
Para expertos en derecho penal internacional como el canadiense William Schabas, el nudo principal del proceso radica en demostrar la "intención genocida" en las acciones militares sobre la Franja de Gaza. Mientras Israel justifica su ofensiva como un legítimo derecho a la autodefensa tras los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, juristas internacionales apuntan que un fallo condenatorio definitivo dañaría irreversiblemente las relaciones diplomáticas y comerciales del Estado judío a nivel global.
Especialistas como Asier Garrido Muñoz, exletrado del TIJ, señalan que este litigio representa uno de los desafíos más graves en la historia del derecho internacional. Ante un Consejo de Seguridad de la ONU frecuentemente bloqueado por el derecho de veto de Estados Unidos, los Estados han comenzado a recurrir a los tribunales globales con mayor frecuencia en los últimos años para canalizar disputas de alto voltaje geopolítico en nombre del interés general.



