
CHIHUAHUA, CHIH.– El Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen de reforma constitucional en materia electoral que modifica los criterios de postulación, las estructuras organizas de los institutos locales y las reglas de permanencia en cargos de elección popular.
La Mesa Directiva validó la votación por mayoría calificada del cuerpo legislativo, incorporando un régimen de transitorios que difiere la aplicación operativa de las cláusulas restrictivas de reelección hasta el proceso electoral ordinario del año 2030.
Convalidación formal del dictamen: Tras el desahogo de los análisis técnicos en las comisiones unidas de dictamen legislativo, los diputados locales sometieron a consideración del pleno las minutas de modificación constitucional.
La votación en lo general alcanzó los sufragios requeridos para reformas de rango constitucional, procediendo de inmediato a la discusión en lo particular de los artículos reservados, donde se ratificó el contenido técnico de los topes de postulación y la reconfiguración de los topes de fiscalización interna.
Temporalidad y diferimiento técnico: El punto medular que concentró las precisiones de los legisladores se centró en el esquema de vigencia de las nuevas directrices de no reelección.
De acuerdo con el cuerpo de artículos transitorios avalado por la legislatura, las limitantes normativas no impactarán las planillas ni las candidaturas de las elecciones concurrentes inmediatas, estableciendo formalmente que el nuevo andamiaje jurídico cobrará obligatoriedad plena a partir del ciclo electoral de 2030, salvaguardando así los derechos político-electorales adquiridos de las actuales representaciones.
Reconfiguración del mapa político local: El decreto aprobado redefine las condiciones bajo las cuales los ciudadanos podrán acceder de forma sucesiva a los cargos de presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y diputaciones de la legislatura estatal.
Al fijar el horizonte operativo para el año 2030, los partidos políticos y las coaliciones contarán con un periodo de transición técnica para reestructurar sus métodos de selección interna de cuadros, adecuarse a las fórmulas de paridad de género y cumplir con las metodologías de adscripción indígena y de grupos prioritarios que mandata la nueva ley.



