
VILLAHERMOSA, Tab.– Un juez de control aplazó la audiencia intermedia de Hernán "N", exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo "La Barredora", fijando el próximo lunes 15 de junio de 2026 como la nueva fecha para el desahogo de la diligencia. La reprogramación de la audiencia judicial, que originalmente se encontraba programada para este lunes, fue concedida a petición expresa de los abogados defensores del imputado, quienes solicitaron una prórroga temporal con la finalidad de imponerse y analizar de manera minuciosa el contenido de las pruebas ministeriales.
De acuerdo con los registros de la causa penal 213/2025, el exfuncionario enfrenta acusaciones formales por los delitos de extorsión agravada, secuestro agravado y asociación delictuosa, permaneciendo bajo la medida cautelar de prisión preventiva al interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como el penal del Altiplano.
El desglose detallado de los componentes procesales y las variables de control judicial validadas en las bitácoras del tribunal estatal detalla los siguientes elementos:
Justificación técnica del diferimiento: El propósito central de la audiencia intermedia radica en que la autoridad judicial examine la legalidad de las pruebas aportadas por la Fiscalía de Tabasco y defina cuáles serán admitidas para el posterior juicio oral. Ante la presentación de un voluminoso expediente integrado por 12 tomos de constancias, informes de inteligencia y declaraciones, el órgano jurisdiccional consideró fundada la solicitud de la defensa para postergar el acto en aras de garantizar el derecho a una defensa adecuada.
Antecedentes de captura y detención internacional: Hernán "N", quien desempeñó la titularidad de la seguridad estatal durante la administración del exgobernador Adán Augusto López Hernández, fue detenido en territorio de Paraguay el 12 de septiembre de 2025 y posteriormente expulsado hacia la República Mexicana, donde se cumplimentaron los mandamientos judiciales en su contra.
Las investigaciones coordinadas por agencias locales y federales incluyen información patrimonial, informes técnicos de investigación y documentos vinculados con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueadas las cuentas bancarias del exservidor público tras identificar movimientos inusuales y esquemas de simulación fiscal, medidas de congelamiento que han sido ratificadas por los tribunales federales al negar los juicios de amparo promovidos por el procesado.
El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, puntualizó que únicamente la suma de las penalidades por extorsión, secuestro y asociación delictuosa podría derivar en una sentencia de hasta 158 años de prisión, sin contar los procesos independientes por desaparición forzada y peculado.
Por último, los archivos judiciales indican que el imputado promovió un amparo preventivo ante rumores de custodios sobre una posible orden de extradición hacia los Estados Unidos; no obstante, reconoció en su testimonio que no ha recibido ninguna notificación formal y, hasta la fecha, ninguna instancia diplomática o de procuración de justicia de ambos países ha confirmado la existencia de una solicitud de entrega internacional. El proceso penal se mantiene bajo el escrutinio público nacional debido a las profundas implicaciones políticas y de seguridad que conlleva la presunta infiltración de redes delictivas en las estructuras institucionales del sureste, dándose por reanudado el calendario procesal.



