Afirma Maru que reforma electoral es mandato de tribunal

CHIHUAHUA, CHIH.– La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, precisó de manera institucional que las adecuaciones normativas correspondientes a la denominada “Ley de Paridad” obedecen de forma estricta al cumplimiento de una resolución emitida por una instancia judicial de la Federación. 

Frente a los señalamientos que catalogaban las iniciativas locales como determinaciones de carácter facultativo u operativo de los poderes locales, la mandataria aclaró que la entidad se encuentra sujeta a un mandato obligatorio de carácter vinculante, el cual anula cualquier margen de discrecionalidad política por parte del Gobierno del Estado o del H. Congreso local.

Inexistencia de margen de ponderación política: En respuesta a los cuestionamientos vertidos de manera reciente desde la Presidencia de la República respecto al impulso de regulaciones en materia de paridad vertical y horizontal dentro de diversas entidades federativas, la gobernadora de Chihuahua acotó que la legislación del estado responde a una cadena de impugnaciones del orden federal. “Ya no es si queremos o no queremos”, puntualizó la jefa del Ejecutivo estatal, remarcando que el orden constitucional mexicano subordina la actuación de las asambleas locales y las oficinas gubernamentales a las disposiciones emitidas por los juzgadores federales de rúa.

Prevención de sanciones por desacato institucional: Las evaluaciones del equipo legal de la gubernatura enfatizan que desatender una sentencia judicial firme de carácter federal podría reconfigurar el escenario institucional chihuahuense de forma adversa, derivando en la apertura de incidentes de inejecución de sentencia, destituciones, o multas administrativas directas para los funcionarios públicos que incurran en omisión. Por ello, el debate público debe deslindarse de las valoraciones de conveniencia partidista ordinaria y ceñirse al análisis del cumplimiento de los mandatos de la judicatura.

Blindaje contra impugnaciones posteriores: Campos Galván sostuvo que dar curso puntual al trámite de adscripción de la normativa de paridad dota de un blindaje preventivo a las estructuras de organización del estado. Al asimilar el mandato judicial en las leyes locales antes del vencimiento de los plazos constitucionales de este junio de 2026, se evitan juicios de revisión constitucional o controversias legales secundarias que pudiesen desestabilizar la validez jurídica de los procesos de rúa administrativa o de los comicios intermedios venideros.

Seguimiento a los trabajos de la mesa técnica: Las directrices del Gobierno del Estado de Chihuahua reafirman que las comisiones internas mantendrán una comunicación constante con los actuarios e instancias requirentes de la Federación. El diseño final del decreto, cuyo procesamiento se consolida durante estas semanas, reflejará con fidelidad metodológica el sentido de la ejecutoria federal, garantizando que el marco normativo chihuahuense se mantenga en armonía con las directrices de legalidad y certeza jurídica que exigen los inversionistas, las instituciones autónomas y los organismos de control del país.