
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó a la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum de fabricar las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para permitir el eventual retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, afirmando que el mandatario con licencia "se siente protegido por Morena".
A través de un posicionamiento institucional difundido este domingo 12 de julio, el dirigente del blanquiazul fijó su postura tras la reciente reaparición pública de Rocha Moya, quien mantuvo un hermetismo absoluto durante más de dos meses. "No reapareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa", aseveró Romero.
El líder opositor recordó que el estatus legal de la separación de Rocha Moya corresponde a una licencia con carácter temporal, lo que jurídicamente le faculta para notificar su reincorporación en cualquier momento y desplazar a la actual gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. Ante este escenario, calificó la ausencia del mandatario como "una pausa política, no una absolución judicial", advirtiendo que el PAN mantendrá su rechazo a que la entidad permanezca bajo el control de la narcopolítica.
Jorge Romero enfatizó que la exigencia de Acción Nacional no radica en emitir condenas sin juicio, sino en transparentar los procesos institucionales. "Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad", puntualizó.
Derivado de ello, el PAN demandó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) emitir un informe público sobre el estatus de las carpetas de investigación que involucran al mandatario sinaloense, y urgió al Congreso de Sinaloa a clarificar el protocolo legal aplicable en caso de que se formalice la solicitud de reincorporación al Poder Ejecutivo estatal.
La situación judicial de Rubén Rocha Moya representa uno de los desafíos políticos más complejos para el oficialismo, al tratarse del primer gobernador en funciones acusado formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por los delitos de narcoterrorismo, conspiración para traficar fentanilo y armas, así como por la presunta recepción de financiamiento ilícito en su campaña electoral de 2021.
La crisis estalló tras la difusión de una carta firmada por Ismael 'El Mayo' Zambada, donde el capo afirmó haber sido secuestrado el 25 de julio de 2024 en el marco de una presunta reunión política a la que asistiría el gobernador. El conflicto escaló el pasado 29 de abril de 2026, cuando una corte federal de Nueva York giró una orden de aprehensión con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, señalados de brindar protección a la facción de "Los Chapitos".
Ante los requerimientos judiciales, Rocha Moya solicitó una licencia temporal el 1 de mayo de 2026 con el fin de encarar las indagatorias sin la protección del fuero constitucional. Tras 69 días sin apariciones públicas, el mandatario con licencia publicó un video el pasado 9 de julio en el que confirmó haber comparecido ante las autoridades de la FGR y sostuvo que las acusaciones en su contra forman parte de un ataque concertado por la ultraderecha.



