
CIUDAD DE MÉXICO.– Consejeros electorales y representantes de los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) denunciaron la desincorporación y solicitudes de renuncia forzada a más de 100 empleados de la estructura del organismo. Las inconformidades institucionales se hicieron públicas este lunes durante la sesión de instalación de la Comisión de Presupuesto 2027, en un escenario marcado por la reciente reconfiguración del primer nivel directivo del órgano electoral.
De acuerdo con los señalamientos de la consejera Rita López, las separaciones del cargo carecen de bases objetivas de evaluación y afectan directamente la experiencia acumulada del personal especializado, en la antesala de los trabajos operativos para el proceso electoral de 2027.
El desglose técnico de las variables operativas y las modificaciones de personal validadas en el debate del órgano central detalla los siguientes elementos:
Modificaciones en la primera línea directiva: Los relevos derivan de los ajustes iniciados el pasado 7 de mayo por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien sustituyó a los titulares de 11 de las 17 direcciones, unidades o coordinaciones del instituto. Los cambios clave impactaron directamente a la Dirección de Administración —encargada de ejercer un presupuesto promedio de 20 mil millones de pesos anuales— y a la Unidad de Fiscalización, órgano que auditará el origen y destino del dinero de partidos y candidatos en 2027.
Controversia en la Coordinación de Consejerías: Entre los despidos que causaron mayor desacuerdo se encuentra la remoción de Alberto Morales Sánchez, quien desde el 2017 administraba los recursos para viáticos, asesores y oficinas de los 10 consejeros del bloque, siendo relevado por Sonia López Landa, exfuncionaria de la consejería jurídica del Gobierno de Chiapas.
La representación del partido Morena, encabezada por Jaime Castañeda, calificó de arbitrario e ilegal el mecanismo implementado, señalando que coaccionar las renuncias constituye una irregularidad laboral. A su vez, el bloque de Movimiento Ciudadano demandó salvaguardar los derechos de los trabajadores, recordando que la certeza del INE descansa en la especialización de su servicio civil de carrera. En contraste, el consejero Arturo Chávez exhortó a los integrantes a mantener la reserva hasta que la Secretaría Ejecutiva rinda un informe oficial detallado con las causales legales de los movimientos.
De forma paralela, la comisión avaló el calendario técnico para estructurar el presupuesto global del INE de cara al 2027, fijando el 29 de julio de este año como fecha perentoria para su aprobación en el Consejo General. Ante esto, el consejero Uuc-Kib Espadas manifestó que solicitarán una partida apegada a la realidad operativa y libre de recortes por parte de la Cámara de Diputados, argumentando que las reducciones presupuestales del pasado terminaron afectando a la ciudadanía al forzar la cancelación de proyectos o restringir la instalación de casillas electorales. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Jorge Montaño, concluyó la sesión recordando que el diseño técnico reflejará las obligaciones institucionales de la ley, quedando el análisis legal del personal bajo la supervisión interna del organismo.



