
Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, calificó como un acto de persecución política y un uso tendencioso de las instituciones de procuración de justicia el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora María Eugenia "Maru" Campos Galván. En manifestaciones vertidas este lunes 25 de mayo de 2026, el edil capitalino argumentó que el requerimiento del Ministerio Público de la Federación vulnera las garantías institucionales del estado al omitir las prerrogativas de inmunidad y fuero constitucional que protegen a los titulares de los Ejecutivos locales en el ejercicio de sus funciones.
El alcalde sostuvo que la estrategia de la dependencia federal busca construir una narrativa de confrontación hacia la administración estatal, intentando equiparar el estatus legal de la mandataria con el de actores procesales ordinarios dentro de las carpetas de investigación en curso.
El desglose temático de las precisiones jurídicas y de política pública expuestas por la alcaldía de la capital detalla los siguientes ejes técnicos de defensa:
Inmunidad adjetiva penal: Bonilla Mendoza argumentó que la FGR forzó las formalidades esenciales del procedimiento al ordenar una comparecencia presencial, contraviniendo el artículo 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Dicho numeral estipula excepciones específicas para servidores públicos de alta investidura —incluidos gobernadores, secretarios de Estado y legisladores—, permitiéndoles desahogar testimonios o entrevistas por medios escritos o en sus despachos oficiales, evitando el traslado a sedes ministeriales comunes.
Rechazo a la homologación procesal: El munícipe cuestionó que se intente "disfrazar" el tratamiento técnico del expediente con la finalidad de propiciar un juicio mediático anticipado. Señaló que la investidura ejecutiva estatal cuenta con un blindaje normativo que impide que sus titulares sean tratados bajo las mismas condiciones de obligatoriedad física que un gobernante sin fuero o un ciudadano imputado sin declaración de procedencia parlamentaria previa.
La reactivación de estas tensiones competenciales en este mes de mayo de 2026 ha motivado que el Ayuntamiento de Chihuahua alinee sus criterios de comunicación con el bloque de legisladores y comités ciudadanos que han manifestación su rechazo a las medidas de apremio centralistas.



