Aberración jurídica de Corral: Abelardo Valenzuela

CHIHUAHUA, Chih.– El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Chihuahua, Abelardo "Bayo" Valenzuela Holguín, confirmó de manera formal que fue citado a comparecer ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La diligencia judicial deriva de un recurso de impugnación promovido por el exgobernador Javier Corral Jurado, quien controvirtió la resolución de no ejercicio de la acción penal dictada originalmente en favor de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del propio fiscal anticorrupción.

El fiscal general especializado calificó el recurso de trámite interpuesto por el exmandatario como una anomalía jurídica, ratificando este miércoles que asistirá puntualmente a la audiencia ministerial programada en la capital del país.

El origen del diferendo judicial y el dictamen de la Fiscalía de la CDMX

El desglose técnico de los antecedentes procedimentales y las variables del código adjetivo penal detallan las siguientes directrices:

Inexistencia de elementos delictivos iniciales: La FGJCDMX determinó previamente el cierre y archivo de la carpeta de investigación iniciada por Corral Jurado, quien acusaba formalmente a las autoridades chihuahuenses de los supuestos ilícitos de privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Los ministerios públicos de la Ciudad de México resolvieron no ejercer la acción penal al no detectar conductas tipificadas como delito.

La postura del fiscal anticorrupción: Valenzuela Holguín sostuvo que la reactivación mediática del caso busca desviar la atención pública de los procesos penales vigentes en la entidad. “Él impugnó la resolución de la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos a estar puntualmente allí. Ojalá y lo podamos ver de frente para poder decir con absoluta claridad y objetividad de qué se le está acusando de ese desvío”, externó el funcionario.

El expediente por desvío financiero y el debate por la inmunidad procesal

El titular de la FECC reiteró que la causa penal de fondo que involucra al exmandatario estatal se concentra en la presunta disposición ilegal de 98.6 millones de pesos otorgados a un particular bajo esquemas financieros irregulares durante la pasada administración. Valenzuela criticó que la utilización de recursos de queja institucionales actúe como una contención frente a una orden de aprehensión vigente que no ha sido ejecutada debido a la protección de la inmunidad parlamentaria o fuero constitucional del imputado, exigiendo el esclarecimiento del destino final de las partidas del erario público.