Revela Maru denuncia vs Andrea Chávez y Ariadna Montiel por terrenos en reserva ecológica

Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó sobre la existencia de nuevas denuncias en contra de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y la secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes. Los señalamientos las vinculan con la presunta comercialización ilegal de terrenos ubicados dentro de una zona de reserva ecológica en la Sierra Tarahumara.

Acusaciones de afectación ambiental y seguridad

De acuerdo con las declaraciones de la mandataria estatal, estas nuevas denuncias se integran a los expedientes y señalamientos previos promovidos por representantes de las comunidades indígenas de la región sur del estado.

Campos Galván criticó severamente la actuación de las funcionarias federales, acusando a los liderazgos de Morena de afectar el patrimonio natural de la entidad y de presuntos vínculos indirectos con la delincuencia organizada que opera en las zonas boscosas:

“No solamente están ellas contentas con aliarse con el crimen organizado y con el narcotráfico que sabemos que hace mucho daño a nuestras familias en Chihuahua, sino que además están acabando con nuestros recursos naturales”, sostuvo la titular del Ejecutivo local.

Antecedentes y denuncias previas ante las autoridades

Este señalamiento público ocurre días después de que el presidente del Supremo Consejo de la Tarahumara, Enoel Carrasco Jordán, formalizara una denuncia en contra de Chávez Treviño.

El representante indígena compareció de manera pública el pasado viernes para señalar las siguientes presuntas irregularidades en la zona serrana:

Uso de recursos de procedencia ilícita orientados presuntamente a la compra de votos y coacción electoral en los municipios de la sierra.

Presunta facilitación u omisión para que grupos delictivos establezcan laboratorios clandestinos de fentanilo en las inmediaciones de los terrenos comunales.

Continuidad del proceso institucional

Hasta el momento, las dependencias correspondientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las instancias judiciales federales serán las encargadas de revisar las carpetas de investigación y los elementos de prueba aportados por las partes denunciantes.

Por su parte, las funcionarias señaladas no han emitido un posicionamiento oficial de forma conjunta respecto a estas declaraciones, por lo que se espera el desarrollo de los cauces legales para determinar la validez jurídica de las acusaciones presentadas en la capital del estado.