
CDMX.- La gobernadora constitucional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respaldada por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), interpuso una denuncia penal y administrativa en contra del agente del Ministerio Público de la Federación que ordenó su citación a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR). Desde las afueras de las instalaciones centrales de la dependencia en la capital del país, la mandataria chihuahuense acusó la mañana de este miércoles que las instancias federales incurrieron en irregularidades procesales con la finalidad de armar un expediente fuera de los márgenes de la legalidad.
Campos Galván argumentó que la orden de presentación atropelló deliberadamente la inmunidad procesal inherente a su cargo de elección popular, desatendiendo los canales de control constitucional y las formas que mandata la legislación penal.
El desglose analítico de los conceptos jurídicos expuestos por la representación partidista y las variables de derecho constitucional detallan los siguientes indicadores:
Vulneración al fuero local: El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, puntualizó que el recurso fue presentado formalmente debido a que el agente público citó de manera coactiva a una servidora que, bajo el amparo de los pactos federalistas de la Carta Magna, no está obligada a comparecer bajo los términos ordinarios aplicados. “Citaron a comparecer a alguien que no está obligada a comparecer”, aseveró el líder partidista al señalar excesos en las facultades de la representación social de la federación.
Discurso de la jefa del Ejecutivo estatal: Al hacer uso de la palabra, la gobernadora chihuahuense calificó el procedimiento como un intento burdo de reconversión de su estatus procesal para posicionarla como inculpada. “No guardaron las formas, no respetaron la ley. Atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido. Y mucho más allá de todo temor personal, hoy lamento y denuncio el autoritarismo, diría yo ya totalitarismo, al que todos estamos expuestos”, externó la mandataria.
Las direcciones jurídicas de las cámaras del Congreso de la Unión procedieron al análisis de los alcances de las controversias por invasión de competencias estatales.
Campos Galván precisó que sus equipos legales responderán rigurosamente conforme a derecho ante cada requerimiento, pero advirtió que no tolerará dinámicas de persecución que pongan en riesgo la soberanía del estado que representa. La gobernadora concluyó su pronunciamiento lanzando un llamado a las organizaciones de la sociedad civil y a las fuerzas políticas de oposición para conformar un frente común frente a los esquemas de centralización de la administración de justicia. Las áreas de control interno de la FGR iniciaron el registro del acta de queja para determinar si se configura una falta administrativa grave por parte del ministerio público actuante.



