Morena frena elección de CEDH por presunta mentira de aspirante

CHIHUAHUA, Chih. – A tan solo una hora de la votación clave para designar a la nueva presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la bancada de Morena sacudió el Congreso del Estado al solicitar que el dictamen sea devuelto a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). La razón: una presunta omisión de información de la aspirante Ada Miriam Aguilera Mercado sobre su pasado partidista.

El señalamiento: ¿Ocultó su cargo en el PAN?

Los legisladores de Morena, respaldados por colectivas feministas, denunciaron que Aguilera Mercado supuestamente tergiversó las fechas de su desempeño como Secretaria Jurídica del Comité Directivo Estatal del PAN en 2019. Según un correo enviado por la ciudadana Margarita López Córdoba, la aspirante habría manipulado su currículum para ajustar los tiempos a los requisitos de la convocatoria.
"Si desde el inicio una persona miente, engaña o manipula, es un factor decisivo de fracaso", dicta la denuncia ciudadana presentada ante los medios.

El candado de los cinco años

El conflicto radica en las reglas de operación de la convocatoria, la cual estipula que ningún aspirante puede haber ocupado puestos de dirigencia partidaria en los últimos cinco años.

Aunque existen versiones de que el periodo de la aspirante concluyó en octubre de 2019 —lo que sumaría más de seis años y cumpliría técnicamente con el requisito—, el coordinador de Morena afirmó que es "imposible saberlo" con certeza si la información fue ocultada deliberadamente desde el registro inicial.

¿Qué sigue para la elección?

Para que el Congreso del Estado pueda nombrar a un nuevo titular de la CEDH, se requiere de una mayoría calificada (22 votos). Con la postura de Morena, la elección entra en un punto de estancamiento que obliga a:

• Regresar el dictamen: La JUCOPO deberá revisar nuevamente el perfil de la aspirante.

• Posible reemplazo: Evaluar si Aguilera Mercado debe ser sustituida en la terna actual.

• Nuevos consensos: El pleno del Congreso deberá decidir si la terna aprobada el pasado 27 de enero sigue siendo válida.

Esta controversia pone bajo la lupa el rigor de los procesos de selección en los organismos autónomos y la transparencia de los perfiles que buscan encabezar la defensa de los derechos humanos en la entidad.