
CHIHUAHUA, CHIH.– La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván, emitió un duro mensaje dirigido al Gobierno Federal en el que advirtió que las omisiones y la presunta protección a exfuncionarios señalados por la justicia de Estados Unidos ya comenzaron a pasarle una factura de graves consecuencias económicas y de seguridad a México.
La mandataria chihuahuense lamentó que las advertencias que realizó hace unas semanas sobre los riesgos de encubrir a gobernantes bajo la lupa extranjera se hayan convertido en una realidad, detonando la negativa de Estados Unidos para renovar formalmente el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y obligando al país a someterse a una revisión anual de dicho acuerdo.
“México va a vivir bajo revisión anual año tras año, lo que significa incertidumbre permanente para quien invierte, pues nadie invierte donde las reglas pueden cambiar cada 12 meses”, sentenció Campos Galván, tras asegurar que esta inestabilidad jurídica provocó que la automotriz Toyota anunciara el traslado de su producción de Tijuana hacia Texas.
La gobernadora enfatizó que la salida de capitales y la pérdida de empleos ponen en riesgo el sustento de miles de familias mexicanas, con un impacto directo e inmediato en entidades federativas como Chihuahua, cuya economía e infraestructura dependen enteramente de la industria de la manufactura y la exportación.
Al respecto, criticó a quienes intentan minimizar la decisión de la firma automotriz bajo el argumento de que el retiro será un proceso paulatino. "La pérdida de confianza también es gradual. Primero una línea de producción, luego una planta y luego un país. El capital huye de donde el Estado de Derecho se negocia, y en México hoy la 4T negocia la ley", espetó.
Maru Campos centró sus críticas en la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien recientemente reapareció en redes sociales afirmando que se encuentra localizable en su domicilio de Culiacán. Para la mandataria, dicha condición no exime al sinaloense de sus responsabilidades legales ante la total opacidad en las investigaciones.
"Rochamoya sigue sin rendir cuentas. Dicen que está localizable, pero localizable no es lo mismo que responsable. Seguimos sin conocer un solo avance de las investigaciones", reclamó, al tiempo que calificó como grave la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), que declaró no contar con el parámetro probatorio suficiente para proceder en su contra.
Campos Galván afirmó que la determinación de la FGR evidencia un pacto político por encima de la seguridad nacional: "Han decidido proteger a Rochamoya por encima de la seguridad de los mexicanos. Ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado. Ese es el pacto que se protege en la 4T y ese es el pacto que México urge y necesita romper".
Finalmente, la titular del Ejecutivo en Chihuahua lanzó un enérgico llamado al régimen federal para que recapacite, actúe con apego a la legalidad y obligue a los personajes señalados a comparecer de forma transparente ante los tribunales de justicia, dejando de lado los intereses de grupo.
"Al régimen de Morena se lo repito: la patria es primero, no su partido. Su primera responsabilidad no es cuidar a su partido, sino cuidar a todos los mexicanos", concluyó, exhortando a la ciudadanía a mantener la exigencia pública y no permitir que el tema sea minimizado a través de narrativas oficiales o discursos de patriotismo simulado.



