
Chihuahua.- Los expresidentes municipales Gustavo Elizondo y Ramón Galindo presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en contra del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presunto peculado relacionado con la contratación de un servicio de barrido mecánico.
La acusación señala presuntas irregularidades en el proceso licitatorio, el costo del contrato y las limitaciones fiscales de la empresa adjudicada.
Los detalles de la denuncia, el desglose financiero de los contratos y los señaamientos presentados se detallan a continuación:
Monto del contrato y vigencia:
Objeto del contrato: Servicio de barrido mecánico de vialidades en el municipio de Juárez mediante el uso de ocho máquinas barredoras.
Periodo de ejecución: Contrato con vigencia de 29 meses, comprendido del 05 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024.
Monto total adjudicado: 105 millones de pesos, distribuidos en tres periodos: 33 millones 600 mil pesos en 2022 (8 meses), 36 millones de pesos en 2023 (12 meses) y 36 millones de pesos en 2024 (8 meses).
Argumentos sobre costos e insumos presentados por los denunciantes:
Comparativa de costos: Gustavo Elizondo señaló que el precio de mercado de cada barredora ronda los 50 mil dólares (aproximadamente 850 mil pesos), contrastando con el monto asignado para la prestación del servicio.
Falta de estudio técnico: Ramón Galindo indicó la ausencia de un estudio de evaluación económica por parte del municipio para justificar la conveniencia del contrato, así como recortes en los tiempos del proceso de licitación pública en el que participó un solo proveedor.
Señalamientos hacia la empresa proveedora:
Giro comercial: La empresa adjudicada, Pypra, registrada bajo la figura de sociedad de responsabilidad limitada microindustrial (S. de R.L. M.I.), tenía como objeto comercial original la venta de productos eléctricos y computacionales para el sector maquilador.
Limitación de facturación y padrón vehicular: Se solicitó dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al señalar que la figura legal de la empresa limita su facturación anual a 4 millones de pesos, monto inferior a los 36 millones anuales estipulados. Asimismo, se refirió la ausencia de registro formal de los ocho vehículos en el padrón vehicular a nombre de dicha compañía.



