Denuncian a alcaldesa de Guadalupe y Calvo por peculado

CHIHUAHUA, CHIH.– El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó una denuncia de carácter penal en contra de la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. 

El recurso legal señala la presunta comisión del delito de peculado y otras conductas administrativas derivadas, argumentando el uso indebido de recursos públicos municipales destinados a la promoción personalizada de la titular del Ejecutivo local.

Formalización de la querella penal: El trámite correspondiente fue desahogado ante el órgano especializado que encabeza el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín por el licenciado Óscar Antonio Núñez López, en su carácter de secretario Jurídico y de Transparencia del instituto político denunciante. El documento solicita la apertura de la carpeta de investigación para determinar el alcance penal y constitucional de los hechos descritos.

Descripción de la evidencia física y gráfica: De acuerdo con los anexos que integran la denuncia, la representación jurídica del PRI recopiló publicaciones institucionales, materiales gráficos digitales y evidencia física consistente en contenedores de despensas pertenecientes al programa de asistencia alimentaria municipal “Raíces que alimentan”. 

Dichos insumos presentan impresos el nombre, imagen y cargo de la funcionaria, acompañados por la leyenda textual: “Dirigido por: Ana Laura González Ábrego, Presidenta Municipal”, lo cual se argumentó como una presunta transgresión a los marcos constitucionales en materia de propaganda gubernamental.

Petición de elementos de fiscalización técnica: Dentro de las diligencias solicitadas por el promovente a la Fiscalía Anticorrupción, se incluye el requerimiento formal al Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo de toda la documentación comprobatoria relacionada con el programa social. 

Esto abarca las licitaciones, contratos de adquisición, facturas emitidas, expedientes técnicos de beneficiarios y las pólizas contables que permitan trazar con precisión el origen, destino y aplicación de los fondos públicos asignados a dicha estrategia de suministro alimentario.