
CHIHUAHUA, CHIH.– Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador del estado César Duarte Jáquez, se encuentra por cumplir cuatro meses bajo el resguardo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención de El Paso, Texas, a la espera de que se resuelva su situación migratoria en los Estados Unidos. Hasta la jornada de ayer, la exprimera dama de la entidad continuaba apareciendo activa en los registros públicos de la plataforma de dicha corporación norteamericana.
De acuerdo con los antecedentes oficiales del caso, Gómez Fong ingresó de manera legal a territorio estadounidense por última vez en noviembre de 2016 a través del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, utilizando una visa de turista del tipo B1/B2. No obstante, violó los términos de su estancia legal al prolongar su permanencia en el país más allá de la fecha límite de expiración que le había sido autorizada, la cual venció formalmente el 28 de mayo de 2017.
La primera captura de Bertha Gómez por parte de las autoridades migratorias se registró el pasado 25 de marzo de este año. Permaneció en celdas federales hasta que el 8 de abril un juez de inmigración con sede en El Paso, Texas, le otorgó el beneficio de la libertad condicional mediante el pago de una fianza migratoria. Tras cubrir el monto económico requerido el 10 de abril, fue liberada e incorporada al programa oficial de Alternativas a la Detención (ATD).
Sin embargo, el beneficio procesal fue revocado de manera expedita. Agentes de ICE procedieron a la reaprehensión de Gómez Fong el 15 de abril, el mismo día en que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) concedió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una solicitud de emergencia para suspender la fianza que le había otorgado el juzgador de primera instancia.
El Departamento de Seguridad Nacional promovió además un recurso de apelación formal en contra de dicha medida cautelar, el cual se mantiene pendiente de resolución. La diligencia judicial más reciente de la que se tiene registro público se llevó a cabo el pasado 16 de mayo ante un tribunal de migración, como parte del seguimiento formal a su proceso de deportación o regularización.



