Amparos no frenan traslado de salas a Parral

CHIHUAHUA, CHIH. — La reubicación de las salas regionales del Poder Judicial desde Hidalgo del Parral hacia la capital del estado continúa su curso operativo y legal, a pesar de los diversos juicios de amparo interpuestos por colegios de abogados y sectores empresariales para frenar la medida. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) mantiene firme el plan de reestructuración, argumentando que el cambio responde a un modelo de modernización y optimización de recursos en la segunda instancia.

El proceso implica el traslado de los magistrados Yamil Athié Gómez y María Elizabeth Macías Márquez a la ciudad de Chihuahua. Esta decisión administrativa, fundamentada en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, busca consolidar una Red Estatal de Magistraturas y potenciar el uso de la justicia digital. Según lo expresado por la autoridad judicial, el movimiento operativa y jurídicamente no paraliza la atención en la región sur.

Por su parte, los colegios de litigantes, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y las cámaras de comercio locales promovieron recursos de amparo bajo la premisa de que la medida menoscaba el acceso a la justicia y centraliza las decisiones judiciales. Sin embargo, al no haberse concedido una suspensión definitiva que paralice los efectos del acuerdo del OAJ, la migración de las ponencias y del personal asignado sigue su desarrollo programado.

Para mitigar el impacto en la comunidad litigante y ciudadana, el Poder Judicial confirmó que la Oficialía de Partes de Segunda Instancia en Hidalgo del Parral permanecerá abierta de manera permanente. A través de este módulo, los usuarios podrán ingresar promociones, recursos y agravios, los cuales serán digitalizados de inmediato para su posterior envío a la sala correspondiente en la capital.

Asimismo, la institución judicial dio a conocer que se mantendrán las herramientas telemáticas, videoconferencias y visitas periódicas por parte de los titulares de las salas para desahogar audiencias o requerimientos presenciales cuando sea indispensable. Con ello, las autoridades garantizan que el flujo procesal y la atención de expedientes penales, civiles y familiares no sufrirán interrupciones.