"Al tiempo": Maru por narcovínculos de Ariadna Montiel y Andrea Chávez

DELICIAS, CHIH.– La gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván, precisó ante los medios de comunicación que el seguimiento legal y formal respecto a los señalamientos formulados en contra de las funcionarias federales Ariadna Montiel Reyes y Andrea Chávez Treviño se desahogará conforme a los tiempos que determine el marco normativo aplicable.

 Las precisiones de la mandataria se efectuaron durante una gira de trabajo por este municipio de la región centro-sur de la entidad, tras ser consultada sobre la continuidad de los procedimientos anticipados en declaraciones previas ante la prensa nacional.

Antecedentes de los señalamientos públicos: Previo a este encuentro con medios locales, la titular del Poder Ejecutivo en Chihuahua había señalado en un espacio informativo de cobertura nacional la intención de estructurar recursos formales de denuncia dirigidos hacia las dos figuras de la política federal, argumentando la presunción de conductas contrarias a la ley y vínculos con estructuras delictivas organizadas.

Relación con los procesos de extradición binacional: Las expresiones iniciales de la gobernadora se registraron con posterioridad a la formalización de una solicitud emitida por el gobierno de los Estados Unidos de América orientada a tramitar la extradición de diez perfiles políticos con operaciones en el estado de Sinaloa. Dicho marco de justicia internacional sirvió como referente de consulta por parte de los reporteros respecto al curso que tomarían las acciones relativas a las servidoras denunciadas.

Respuesta institucional abreviada: Al ser cuestionada de forma explícita por los representantes de los medios de comunicación en Delicias sobre si mantendrá vigente la directriz de dar cauce a las solicitudes formales de entrega o investigación legal en contra de Montiel y Chávez, la gobernadora omitió profundizar en detalles operativos y se limitó a señalar la frase reglamentaria: “Al tiempo”. Con esto, la administración estatal fijó un criterio de reserva estratégica respecto al desahogo de los expedientes.